El presidente Barack Obama se interpuso este martes en el contaminante idilio de Estados Unidos con el motor de combustión interna al anunciar una serie de nuevos estándares para las emisiones contaminantes y el consumo de combustible de vehículos. Normativa que supone un giro radical con respecto a la Administración Bush al asumir el objetivo de lograr para el 2016 una flota de coches y camiones ligeros un 40 % más limpia.

Con profundas implicaciones industriales, al imponer vehículos más pequeños y ecológicos, la Administración Obama obligará a que los fabricantes produzcan para el 2016 modelos con un consumo medio de 15 kilómetros por litro de combustible. Lo que supone un adelanto de cuatro años a lo previamente planeado. Además, se aspira a lograr una reducción de 900 millones de toneladas métricas en las emisiones de CO2.

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Carta enviada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.; Greenpeace México; Flora, Fauna y Cultura de México A.C.; el Centro Ecológico Akumal; Defenders of Wildlife México; la Fundación Orígenes Quintana Roo A.C.; Yaxche A.C.; MOCE Yax Cuxtal A.C.; y la Delegación Sindical de Investigadores y Docentes del INAH al presidente Felipe Calderón solicitándole revisar la Ley General de Turismo y hacer las modificaciones necesarias para evitar que sea una ley depredadora y que ponga en riesgo el patrimonio cultural, arqueológico, ambiental y por tanto social de nuestro país.

22 de abril de 2009

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Presente

Las instituciones abajo firmantes nos dirigimos a usted respecto a la iniciativa de Ley General de Turismo aprobada el día 15 de abril del año en curso por la H. Cámara de Diputados, la cual carece de medidas suficientes para garantizar la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y del medio ambiente de nuestro país, así como la participación ciudadana.

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 28 de esta iniciativa de ley la cual resulta inconstitucional, ya que en los ordenamientos turísticos que plantea se otorgan facultades de los municipios a los Estados, lo que se contrapone al Artículo 115 constitucional, fracción V. No estamos en contra del turismo, lo que queremos es que los senadores la modifiquen en beneficio del patrimonio cultural y natural de México.

Es importante reiterar que los recursos naturales son la base de la industria turística en nuestro país, por lo que la legislación de dicha actividad debe reflejar esta realidad y asegurar la integridad de los ecosistemas y por ende la sostenibilidad del turismo.

Debido a que la iniciativa ahora está en manos del Senado de la República, consideramos necesario que se revise lo siguiente:

• Incorporar un apartado específico que proteja nuestro patrimonio cultural, con base en los acuerdos suscritos por México en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros aplicables. Además de considerar los posibles efectos sobre la cultura viva de las comunidades que reciben grandes cantidades de turistas. Es necesario que en este punto exista corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.

• Incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección del patrimonio arqueológico y antropológico, como integrantes del Comité Técnico y en los Consejos Consultivos que plantea la iniciativa de Ley, con derecho no sólo a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos turísticos del territorio, así como para la aprobación de proyectos turísticos en todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicos.

• Incorporar un artículo que expresamente estipule que “en todo lo referente a monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos se estará a lo dispuesto a la Ley en la materia”.

• Garantizar el derecho de las comunidades para decidir en torno a cualquier tipo de proyecto de desarrollo turístico que les afecte o que tengan consecuencias sobre sus recursos, territorios, formas de vida y costumbres.

• Establecer la obligatoriedad de que las instancias de gobierno realicen los estudios de impacto ambiental, económico, social y cultural de todos los desarrollos turísticos a realizarse en el país, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, como las costas, o social, como las zonas indígenas.

• Modificar el artículo 28 de la iniciativa de Ley a efecto de que los ordenamientos turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no por los Estados, de lo contrario es inconstitucional pues se contrapone al artículo 115 fracción V de la Carta Magna.

• Establecer mecanismos que garanticen un turismo sustentable y analizar la viabilidad técnica jurídica, económica y social de la iniciativa de Ley.

• Considerar la responsabilidad del Sector Turismo frente a los efectos del cambio climático, a fin de que adopten las medidas necesarias para coadyuvar a su mitigación, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de medidas de adaptación del Sector a las consecuencias de este fenómeno.

• Replantear los objetivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), a fin de que se convierta en una verdadera agencia de fomento integral del turismo (en los términos de un turismo sustentable que refleje beneficios no sólo para los desarrolladores sino también a las respectivas regiones y poblaciones), y por lo tanto evitar que siga actuando como una agencia inmobiliaria que vende terrenos a bajo precio, construye y gestiona proyectos, sin permisos ambientales.

Por lo anterior lo exhortamos a revisar la iniciativa de Ley General de Turismo y hacer las modificaciones necesarias para evitar que sea una ley depredadora y que ponga en riesgo el patrimonio cultural, arqueológico, ambiental y por tanto social de nuestro país.

A pesar de los señalamientos en contra de la nueva Ley General de Turismo de diferentes organizaciones que luchan en defensa del medioambiente, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace y Defenders of Wildlife, ésta fue aprobada por todos los partidos en la sesión de ayer del pleno de la Cámara de Diputados, con 338 votos a favor y sólo 2 en contra.

La llamada “Ley Fonatur” pasará ahora al senado en busca de su aprobación. Nadie niega la importancia del turismo para el país, pero dejando en manos de Fonatur nuestras costas y humedales sólo podemos vislumbrar un futuro de depredación y destrucción.

Más turismo no tiene que ser sinónimo de aniquilación ecológica como ha establecido nuestros diputados en la nueva ley. Esperamos que los senadores hagan a la ley las modificaciones necesarias para que el turismo no sólo sea un generador de riqueza en el país, también para que su crecimiento no vaya en contra de nuestra riqueza ecológica.

El año pasado el pueblo ecuatoriano aprobó por mayoría una nueva Constitución. En está Constitución, por primera vez a nivel mundial, se le otorgan derechos a la naturaleza o Pacha Mama. Siendo Ecuador el país número 71 en cuanto a superficie, es uno de los 17 más ricos en biodiversidad. Podemos encontrar páramos, bosques o desiertos, así como una parte de la selva del Amazonas y las Islas Galápagos, famosas por Darwin y sus especies endémicas.

Así, el artículo 71 de la Constitución de Ecuador dice:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

En su artículo 72 incluso reconoce el derecho de la naturaleza a su restauración. Por hacer una simple comparación, en México lo que dice la constitución sobre el tema es lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En México, nuestra Constitución trata a la naturaleza desde un punto de vista totalmente antropocentrista. Con esto nos podemos dar cuenta del grado de avance que significa con respecto al medio ambiente, y su respeto, la nueva ley suprema ecuatoriana. Ecuador a marcado una nueva meta para el mundo entero en cuanto a derecho constitucional y naturaleza se refiere.